Podría Sancionar Contraloría del Poder Legislativo a Fernández Clamont

.- Por violar la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México al negarse a entregar información a ciudadanos; el alcalde de Cuautitlán México es acusado de manipular políticamente el proceso e imponer a un incondicional en la Defensoría de Derechos Humanos municipal.

Por: MAURICIO MARTINEZ

CUAUTITLAN Méx.- El presidente municipal de la tierra de Juan Diego Francisco Fernández Clamont será sancionado por la Contraloría del Poder Legislativo por omisión en sus funciones al trasgredir el artículo 42 fracción XXII de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de México al negar información a los ciudadanos cuatitlenses.
Tal procedimiento disciplinario está asentado en el expediente IP-Q/DVM/001/2010 de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México donde se demuestra que diversas dependencias del gobierno municipal de Fernández Clamont negó información al ciudadano Francisco Solano Castañeda.
Tal opacidad de información se dio en la designación del defensor de derechos humanos de Cuautitlán México, afirmó el secretario del Frente Cívico Nosotros Sí Somos Cuautitlán, Daniel Ruiz del Rio quien denunció que tal omisión en la información se debió al objetivo del alcalde Fernández Clamont y el secretario del ayuntamiento Julio Cesar Paramo Mascote para obstaculizar que la participación de los ciudadanos en la convocatoria de selección del ombusman municipal.
Ruiz del Rio afirmó que aunado a tal opacidad se presentaron otras anomalías en el proceso, como solicitar requisitos fuera de lo establecido en la convocatoria y la publicación cuasi secreta de la misma, todo con el objetivo de sobre todo beneficiar a Ignacio Andrade Calderón –ya designado defensor municipal- quien entre diciembre de 2008 y el proceso electoral de 2009 fue el presidente del comité municipal y representante del Partido Socialdemocráta ante el Instituto Federal Electoral, a pesar que la normatividad para la elección de defensores de derechos humanos prohíbe a los aspirantes el haber ostentado cargos directivos en un partido político.
Por último, Daniel Ruíz del Rio subrayó que tales violaciones a la normatividad demuestran que la selección del actual defensor municipal de derechos humanos fue manipulada con motivos políticos ya que con ello se pagan facturas políticas de campaña y busca inhibir la denuncia de la sociedad contra servidores públicos que cometen abusos de autoridad.