Con Información de CIMAC
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) confirmó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cuenta con suficientes recursos humanos y económicos para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección.
En el documento “Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo”, que presentó la ONU-DH este 26 de agosto en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), advierte que una de las principales carencias del Mecanismo son sus recursos humanos; desde el año 2014 se ha mantenido funcionando con 36 funcionarios, mientras el número de personas protegidas aumentó desde entonces 236 por ciento.
Con ello, cada persona que opera funciones de seguimiento debe atender un promedio de 155 personas beneficiarias y al 24 de abril de 2019 estaban pendientes 114 reevaluaciones y 22 evaluaciones, equivalente a poco más de tres meses de trabajo.
La ONU-DH advirtió que sin un enfoque de prevención y sin anular las causas del riesgo no se va a disminuir la necesidad de protección individual y finalmente el Mecanismo será insostenible. De mantener la actual tendencia para 2024 serían aproximadamente 3 mil 400 las personas acogidas al mismo. Por ahora, hasta el 30 de abril de este año, el Mecanismo protege a 903 personas.
El diagnóstico lo realizó la oficina del Alto Comisionado a petición de la Secretaría de Gobernación (Segob), en este también se hace notar la falta de perspectiva de género en el Mecanismo y el doble riesgo que corren las mujeres periodistas y defensoras de Derechos Humanos.
La ONU-DH a través de la realización de 26 entrevistas con mujeres beneficiarias encontró que es evidente la falta de integración de la perspectiva de género en diferentes procesos del Mecanismo, especialmente en el caso de periodistas y defensoras en condición de desplazamiento.
Del mismo modo se indicó que las mujeres no solamente se enfrentan a riesgos específicos como la violencia sexual, sino también con situaciones específicas que incrementan su vulnerabilidad, tales como la desigualdad económica, política y social que las coloca en una clara desventaja frente a los hombres.
En el caso de las agresiones sufridas por las mujeres defensoras, estas adquieren a menudo un tinte de género, señala la evaluación; desde la desacreditación por no encajar en el papel socialmente pre asignado, pasando por amenazas de violación y agresiones físicas con rasgos sexuales.
En tanto las periodistas, como ha documentado la organización Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac) “hacen un doble esfuerzo para ganar prestigio y credibilidad por lo que obligarlas a abandonar su trabajo no sólo les genera un entorno de miedo, también provoca un efecto negativo para la incursión de las mujeres en el periodismo”, recopila el diagnóstico.
En el informe “Herencia de un sexenio: simulación y desplazamiento. Violencia contra mujeres periodistas 2012-2018” hecho por Cimac se documentó 422 casos de violencia contra mujeres periodistas durante el último sexenio, un aumento de 22 por ciento de agresiones en relación al sexenio anterior.
En 2018, en la última revisión que hizo el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) instó al Estado mexicano a aplicar la perspectiva de género en el Mecanismo “a fin de prevenir, investigar y enjuiciar las agresiones y otras formas de abuso contra periodistas y defensoras de los Derechos Humanos y castigar a sus autores y adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad.”
No obstante, la ONU-DH nuevamente por medio de este diagnóstico tuvo que insistir en mantener un equilibrio de género en la contratación de personal; garantizar la aplicación de la perspectiva de género en las medidas de protección brindadas; considerar la revisión del catálogo de medidas y la necesidad de priorizar medidas que puedan adaptarse a la situación de vulnerabilidad especialmente de las mujeres; además generar información desagregada.
SIN PREVENCIÓN
De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Mecanismo y retomadas en este diagnóstico en 55 por ciento de los casos en los que se identificaron los presuntos perpetradores, éstos eran servidores públicos.
Sin embargo, lamentó la oficina de la ONU en México, actualmente el Mecanismo no cuenta con criterios de actuación respecto a la pertinencia de condenar públicamente cualquier ataque por parte de servidores públicos; dar vista a la fiscalía correspondiente para que se inicie una investigación criminal; e iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa.
Al mismo tiempo que identificó que el enfoque primordialmente del Mecanismo es evitar la consumación del daño sin priorizar la atención a las causas que generan el riesgo a las personas defensoras y periodistas. Por ello, en 2017 solamente 10 casos se cerraron por disminución de riesgo, en 2018 ninguno.
Otras de las carencias encontradas al Mecanismo tiene que ver con el seguimiento a los cambios en la situación de riesgo de las personas beneficiarias, incluidas las emergencias. Según el documento, la central de monitoreo es operada por una empresa contratada para tal fin y sólo atiende situaciones reportadas a través del botón de asistencia, hechos que generan preocupación, ya que sólo la mitad de las personas que cuentan con esta medida –quienes representan la mayoría- la utilizan.
En suma, el personal de la empresa contratada no tiene el mismo grado de preparación para reaccionar a este tipo de emergencias, ni el mismo conocimiento de los casos que las y los funcionarios del Mecanismo, y tampoco disponen de la misma capacidad de incidencia en comparación con las autoridades que pueden actuar de manera inmediata.
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