En riesgo de desaparecer las garantías individuales con Ley Reglamentaria al artículo 29

por: Roberto Acevedo Texcoco, estado de México.-Sandra Luz Falcón Venegas, legisladora federal aseguró que el proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional que promovió, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Senado de la República al otorgar amplia facultad al ejecutivo para suspender o restringir las garantías individuales de connacionales y extranjeros, en el supuesto de un atentado terrorista, “Sólo es pretexto para arropar procesos electorales próximos y acallar voces de inconformidad que evidencian el mal gobierno, las desapariciones forzadas, el abuso de poder y la ola de violencia que vive el país”. Bajo el argumento de que la nación está en riesgo de una invasión extranjera o un atentado terrorista, el PRD y PRI pretenden fundamentar la concesión de facultades plenas al ejecutivo federal para suspender las garantías individuales a connacionales o extranjeros que considere “Non gratos”, cuando a juicio personal, éste considere que hay una amenaza excepcional para El Estado” y de esa manera “hacer frente a una situación de emergencia”. El proyecto establece que al considerar el ejecutivo que algún grupo de personas pone en riesgo la estabilidad social, la paz pública, en peligro o conflicto a la sociedad, puede decretar “La Ley marcial”, y restringir las garantías individuales, sin embargo en México las condiciones políticas y sociales no se pueden comparar con la situación de los países donde se registraron atentados terroristas, señaló Falcón Venegas. La diputada consideró inadmisible el proyecto de decreto de la ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que conlleva el peligro de “Caer en una dictadura”, donde el presidente de México, decida que ciudadano representa un riesgo para la permanencia del Estado y a criterio decida retirar los derechos individuales consagrados en la Carta Magna. No obstante, necesitar la ratificación del Congreso, pero como cuenta con la mayoría de los votos al estar en vigencia “El Pacto por México, las fracciones del PAN, PRD; PRI y Verde otorgarían la concesión sin inconveniente”. Falcón Venegas refirió que la ley obedece a un tema electoral, donde al PRI ya no le alcanza con la compra de votos con dádivas, con las costosas campañas publicitarias, el dispendio de recursos para formar alianzas en lo obscurito con el PRD; PAN para enfrentar en los comicios a Morena, ahora buscan someter a los opositores con el uso legal de la fuerza pública, pues bastará que el presidente de México considere que estás personas son un riesgo para suspender sus derechos y garantías individuales. Y ejemplificó, el proyecto de ley lo envió el PRD al congreso, lo cual comprueba que los políticos perredistas tienen un doble discurso, por un lado envían desplegados a los medios de comunicación para justificar que están a favor de los derechos humanos y por otro lado, buscan que se otorguen facultades al ejecutivo para suspender y restringir los derechos humanos y garantías individuales de las personas. Además, Sandra Luz Falcón, dijo la ambigüedad de estas definiciones resulta preocupante, toda vez que los supuestos de “Perturbación grave de la paz pública” e “Inminente peligro, podrían dar lugar a diversas interpretaciones. Ejemplificó una manifestación podrían ser considerada como, “Perturbación grave a la paz pública” y ser entonces motivo suficiente para restringir o suspender el ejercicio de derechos y garantías. En este sentido, la legisladora por la fracción de Morena, observó que esta ley claramente restringe o suspende derechos y las garantías, lleva la finalidad de evitar protestas sociales y restringir o suspender el ejercicio de derechos de asociación reunión, libertad de prensa, derecho de petición, acceso a la información, libertad sindical, derecho a la verdad, es decir el conjunto de libertades civiles que puedan cuestionar el ejercicio del poder. Aunque, esta ley está en discusión y todavía no se aprueba por cuestiones de procedimiento, esta ley complementaria es preocupante debido a que el entonces gobernador del estado de México y actual presidente de México, Enrique Peña Nieto ya la puso en operación en el municipio de Atenco, cuando sin necesidad de orden de cateo o arresto, ordenó a la policía ingresar con el uso de la fuerza a las viviendas de la localidad para realizar detenciones ilegales de personas, y ahora a esta actuación y forma de gobernar le dan legalidad.