domingo, agosto 07, 2011


La reciente aprobación al Código Penal para precisar las sanciones contra quienes agredan o asesinen a periodistas realizada el pasado martes 02 de agosto por el Congreso mexiquense en comisiones, con la modificación, a quienes causen lesiones a una persona en ejercicio de la actividad periodística fue bien recibida por muchos colegas de la tecla, pero siendo un poco pesimista me permitiría cuantificar el delito, es decir, ahora cualquier hijo de vecina puede agredir a un periodista pues con el pago de aproximadamente $2,500.00, sanción mínima, se lavará su falta y es que se especifica en la adecuación que se les aplicará una pena de seis meses a dos años de prisión y una multa de 50 a 150 días de salario, por lesiones a un comunicador en pleno ejercicio de sus funciones, les diría, no me ayudes compadre, pues para que proceda la grandiosa multa se tendrá que demostrar que en el momento mismo de la agresión se estaba en función, aclaremos el caso del compañero de un monopolio televisivo asesinado hace poco en Acapulco Guerrero y que no procedió el pago de su seguro de vida porque no fue muerto frente a los micrófonos del programa, no estaba al aire y se acabó, los términos jurídicos permiten obscenas lagunas en las leyes que siguen siendo el hazmereir de la delincuencia, así que para que en el Estado de México se clasifique como atentado contra el periodista, si se trata de un fotógrafo tendrá que estar plasmando los hechos con su cámaras, si es reportero deberá probar que por causa de estar escribiendo o entrevistando al momento mismo del ataque y si se cumple con ese requisito, el agresor no podrá pisar cárcel porque la pena es de seis meses a dos años y por supuesto alcanzará una fianza inmediata, por la cantidad referida, así que grande apoyo del Congreso, esas son aspirinas contra el cáncer, lo urgente es la aprobación de la Ley de Beneficio al periodista mexiquense que promueven de manera conjunta organizaciones de periodistas y compañeros independientes, presentar la propuesta para que el periodismo sea considerado de alto riesgo y la creación de una subprocuraduría, más que una fiscalía que investigue y de seguimiento a los ataques contra el gremio.
Así que a esperar los anexos en cuanto a las agravantes.
En otra información, resulta pueril que en los informes que presentan algunos de los alcaldes mexiquenses no exista el mínimo destello de inconformidad por parte de los regidores de oposición, salvo contadas excepciones, la mayoría los está presentando sin contratiempo alguno, por ciento que sería interesante saber de quién es la compañía que realizó los videos que los alcaldes presentaron en sus eventos, pero según se sabe es de origen hidalguense, Pachuca para ser más exacto y si se corrobora la información ofrecida a este reportero, querrá decir que un delegado especial de por esos lares, exgobernador por cierto vino a hacer algo más que proselitismo en su paso por el CDE del PRI mexiquense.
En este sentido, hasta el momento los alcaldes algunos aprovecharon este semana para realizar su evento público, como en Tultitlán, con el detalle de la urgente necesidad de priorizar el funcionamiento del colector oriente para terminar o disminuir inundaciones, dijo el edil Marco Antonio Calzada Arroyo: en Cuautitlán Izcalli, la joven alcaldesa recibió la visita del gobernador Enrique Peña Nieto y fuera de lo oficial destacó el protagonismo del diputado Karim y su gente que quisieron aprovechar la infraestructura para placearse.
Ni que decir de Otumba, donde el presidente municipal Orlando López Olvera recibió por segundo año consecutivo la protesta de un grupo de panistas evidenciando los negocios familiares del materialista alcalde, no así en Acolman donde además de que asistieron políticos de la región el evento estuvo debidamente controlado…Y YA.


En el caso del homicidio, la penalidad será de 12 a 20 años de prisión y una multa de 300 a 550 días de salario.
"Estamos convencidos de que el periodismo, al ser una actividad pública, tiene implicaciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, motivo por el cual, al tratarse de un derecho fundamental, se debe garantizar", expresa el dictamen aprobado en las comisiones de Gobernación y Justicia. Estas infracciones serán adicionales a las que decrete el Juez por las agravantes que se cometa el delito. Actualmente, el Código Penal no precisa sanciones específicas por agresiones a periodistas

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