Aplicar los artículos sexto y séptimo de nuestra Carta Magna se podría entender como algo sencillo y que en la teoría se respeta, pero hay un trasfondo muy complicado de discernir y esto es el cauce informativo y el coptar la opinión o línea editorial de los medios de comunicación.
Fuera de toda violación legal, los gobiernos de los diferentes niveles ocupan algo que podríamos definir como terrorismo informativo para tener sujetos de una manera legaloide a los representantes de los medios de comunicación, bajo la premisa de solo apoyar publicitariamente a quien o quienes publiquen solo cosas buenas del tal o cual gobernante.
El gobierno del Estado de México no es la excepción, si algún periodista no publica las portadas de sus periódicos con los comunicados que ellos quieren no solo se quedan sin el pago correspondiente a ese número, sino que podrían perder su convenio de “publicidad” y eso aquí y en China se llama violación a su libre expresión y libertad de prensa.
Quizás puedan argumentar que nadie los obliga, pero el chantaje ya está hecho y no es el hilo negro, sino algo que tradicionalmente se practica con quienes viven del presupuesto gubernamental convirtiendo a la libre expresión en voceros oficiales salvo el riesgo de perder canonjías.
La democracia es el supuesto poder del pueblo y hasta en la palabra divina dice: “Mi pueblo pereció por falta de conocimiento” y un pueblo bien informado es un pueblo que trabaja en el progreso de su entorno.
La manipulación de las masas por los medios masivos de comunicación debe quedarse como una mala etapa y dar paso al verdadero periodismo, ese que informa lo bueno y lo malo del accionar gubernamental, ese periodismo que investiga, que redacta, que concientiza a sus lectores o escuchas, ese periodismo que realmente encauza las luchas sociales e influye positivamente en la opinión pública.
Si el gobierno dejara de manipular la información oficial y dejara de dictar cual receta de cocina lo que “deben publicar” y lo que no, este país se transformaría. No es fácil, pero la lucha por una verdadera libertad de expresión debiera ser el factor común entre comunicadores y las mismas esferas de gobierno si es que de verdad quieren abonar a la democracia.
En la reunión con la diputada Azucena Cisneros, unas palabras suyas repercutieron en el ánimo de este columnista “no nos dejen solos” esa solicitud habla de la esperanza que podría tener la actual legislatura en contar con una prensa autónoma, libre, objetiva y es la obligación de todo periodista que se diga serlo, el manejarse equitativamente, poner el derecho del pueblo por encima de los intereses económicos, algo que pareciera difícil en la práctica, pero que de intentarlo más adelante traería mejores dividendos cuando el pueblo, que no es tonto, recupere la confianza en sus comunicadores, pues así y solo así, volveríamos a convertirnos en la voz del pueblo y en enlace entre sociedad y gobierno.
En este espacio hemos criticado las políticas de comunicación del gobierno estatal actual, pero no hay eco, sino revancha para quienes hablamos con la verdad, cuesta y mucho pero reitero, es una lucha que tarde o temprano podría abrir las puertas de una prensa autónoma y de periodistas con credibilidad, ajenos a intereses partidistas o de grupo.
Por lo pronto la aprobación de la Ley de Protección al Ejercicio Periodístico en el Estado de México podría sentar las bases para que se nivelen los derechos a la información de los poderes legislativo y ejecutivo y solo restaría el poder judicial.
La posible inexperiencia política o administrativa de los nuevos gobiernos y de la misma cámara estatal se verá reflejada para bien o para mal en sus decisiones para los cargos de comunicación social y en verdaderos proyectos de posicionamiento e imagen de tal forma que de ellos depende el seguir con los viejos vicios o dar apertura a un cambio integral en la forma de hacer política moderna.
No hay comentarios:
Publicar un comentario