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miércoles, octubre 10, 2018

• Denuncian corrupción en gobierno de Ecatepec


Dicen que, por tradición, el último año de gobierno es llamado “El año de Hidalgo”, pero en el caso concreto de Ecatepec rebasa cualquier adjetivo calificativo lo que realiza la actual administración que preside el alcalde priista Indalecio Ríos que, a decir de los denunciantes, hay línea de sobornar a los proveedores en acto posible constitutivo de delito penal y administrativo. Un solo caso, el de la empresa transportista Autotravel, S.A. de C.V., a quien se le adeudan 9 millones de pesos y el señor tesorero intenta “negociar” pagar solo el 60 por ciento de la factura, pues el 40 por ciento restante sería presuntamente repartido entre el presidente municipal y el titular de la tesorería municipal, Miguel Ángel González Bárcenas. Si en tan solo un proveedor s pretende agenciar la módica suma de 3 millones 600 mil pesos, no quiero imaginar lo que pasará con el resto de personas, empresas y medios de comunicación a los que se les debe mucho, pero mucho dinero, basando esto en que se ha filtrado que el ayuntamiento adeuda casi 2 mil millones de pesos. Pero vamos un poco más allá, en el caso de Autotravel, S.A. de C.V., existe una licitación a su favor, un contrato debidamente soportado y firmado por el alcalde y funcionarios respectivos, de acuerdo al contrato e prestación de servicios, el gobierno municipal declara tener la solvencia económica mediante un recurso etiquetado para cumplir con el compromiso, la pregunta es: ¿Quién se gastó ese dinero? ¿No se llama a esto desvío de recursos?, no es especulación pero si tomamos en cuenta que muchos de los servicios que presentó Autotravel, S.A. de C.V., al alquilar sus autobuses, estas unidades fueron usadas no para traslado de personal municipal, sino para acarreo de militantes durante las últimas dos campañas, la de Alfredo del Mazo en 2017 y la de Isidro Moreno e candidato a la alaldía de Ecatepec en este año, autobuses que transportaron estructuras y los vulgarmente llamados “acarreados” a los mítines del Partido Revolucionario Institucional o para llevar más de 16 mil ecatepequenses al Zócalo capitalino para llenar esa emblemática plancha de asfalto en las ceremonias del grito de independencia, reitero: ¿No es esto desvío de recursos? Corresponderá a la actual Legislatura investigar este tipo de acciones, pues no se ocupan recursos del partido político, sino dinero de los impuestos, de las arcas municipales. Si vamos un poco atrás, la misma empresa rentó más de 400 autobuses durante la visita del líder de la iglesia Católica Romana en 2016 , ¿y la separación Iglesia-Estado? ¿Tampoco es desvío de recursos? De acuerdo a la bitácora mostrada por la empresa mexiquense de Transportistas, hay viajes a lugares turísticos como Ixtapa Zihuatanejo, Playas del Carmen, Cancún o Acapulco, quienes fueron y para qué?¿era viaje oficial o premio a estructuras partidistas?, recorridos a otras entidades federativas y hasta para que el Suteym moviera gente a sus eventos particulares. Cohecho, corrupción, malversación de fondos, desvío de recursos y lo que se acumule deberá ser investigado por el gobierno estatal y por la Contraloría de la LX Legislatura y es ahí donde veremos si la política anticorrupción que anunció Del Mazo Maza y que han declarado diversos diputados locales se aplican. No basta conque Ecatepec sea primer lugar nacional en diversos ilícitos y eso lo constata la misma secretaría de Seguridad a cargo de Maribel Cervantes Guerrero, no basta que en ese municipio haya muertes como los recientes feminicidios, ni basta tampoco que el 90 por ciento de la población diga sentirse insegura, se le suma la corrupción que, aunque no era ignorada, pocas veces sale a luz pública y menos veces se denuncia ante los medios de comunicación, como lo hizo Autotravel, S.A. de C.V., a través de sus representantes y apoderados legales, situación que pone en entredicho el actuar general de la actual administración y de paso la duda respecto a la posición de los regidores de oposición quienes debieran de ser garantes de una vigilancia a las políticas públicas y especialmente a la aplicación de recursos.

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