Violencia e inseguridad hacen de México peligroso para la prensa

* Violencia e inseguridad hacen de México peligroso para la prensa * Una burla investigación oficial sobre la Casa Blanca: Rojas * Un fracaso el programa de la Cruzada contra el Hambre México es hoy uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo; las amenazas y asesinatos de los profesionales de la comunicación son una constante y el oficio se desarrolla en un clima de miedo e impunidad que genera autocensura, un hecho perjudicial a libertad de información y expresión que el gobierno avala. Por ello, la secretaria de la Comisión de Justicia, Lilia Aguilar Gil, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para adicionar el capítulo XVIII en la Ley Federal del Trabajo, denominado “periodistas”, en el cual se estipula que los contratos y relaciones de trabajo entre estos y los medios de comunicación deberán contener explícitamente la cláusula de conciencia. Actualmente, dijo, la Ley Federal del Trabajo reconoce 18 profesiones que, por su naturaleza, considera como especiales; sin embargo, el periodismo no está definido ni contemplado en la legislación laboral. El capítulo que se pretende adicionar forma parte del Título Sexto, denominado “Trabajos Especiales”. Las profesiones especiales gozan de condiciones particulares que permiten mayor protección para quienes las ejercen. Debido a la importancia de la libertad de expresión e información, resulta imperante que la profesión de periodista sea reconocida de esa manera y que, por ende, reciban la protección adecuada para su libre desempeño. Aguilar Gil subrayó que es urgente reconocer en la legislación federal la labor periodística como una profesión especial a fin de evitar abusos contra informadores, sobre todo porque, por sus características, no pertenecen a sindicatos u organismos que defiendan sus derechos laborales. “Los periodistas en México, no solo arriesgan su vida, también carecen de seguridad social, estabilidad en el empleo y de prestaciones laborales básicas. Muchos viven en constante incertidumbre al saber que en cualquier momento pueden quedar sin empleo y que carecen de mecanismos adecuados para su defensa”, añadió. Esta reforma plantea que para la prestación de servicios fuera de la República, deberá anticiparse a los periodistas el 25% de su salario por el tiempo contratado y se garantizarán pasajes de ida y regreso; los honorarios podrán estipularse por unidad de tiempo o por uno o varios artículos periodísticos, y aplicará a todos aquellos que laboren para un medio de comunicación en particular o de manera independiente. La chihuahuense indicó que en nuestro país no existen los escenarios propicios para que los profesionales de la información puedan ejercer su trabajo. ”Se les contrata informalmente, muchas veces sólo de manera verbal o bajo regímenes en los cuales sus derechos son prácticamente inexistentes”. Consideró que la falta de garantía de los derechos laborales supone una restricción a la libertad de expresión y coarta el flujo de ideas, información y opiniones. Subrayó que el acceso a la información juega un papel determinante para cumplir con la democracia; velar por los derechos y protección de periodistas es esencial para que desarrollen su profesión en óptimas condiciones y, a su vez, se garantice el derecho a la información de los ciudadanos”. “Es imperante no olvidar a los periodistas independientes, ya que ésta forma de ejercer la profesión va en aumento y, por sus condiciones, ubica a los comunicadores ante una mayor situación de vulnerabilidad”, agregó. Si las crónicas, reportajes, notas y entrevistas son favorables a los gobernantes en turno, el reconocimiento oficial está garantizado, pero si se informa con objetividad y veracidad, está en juego la vida de los periodistas y comunicadores. Aquí nos tocó vivir. EL BUFÓN Como una “burla” calificó la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el anuncio del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez, de que “antes de diciembre se sabrá si hubo conflicto de interés en la Casa Blanca”, adquirida por la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto a través de grupo Higa, principal contratista durante su mandato como gobernador del Estado de México. La también integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana cuestionó la lentitud con la que se ha desempeñado el funcionario en dar a conocer los resultados de la investigación, ya que han transcurrido más de seis meses desde que asumió el cargo y de haber recibido, como primera instrucción, determinar si hubo o no conflicto de interés en la compra-venta del inmueble. Este reiterado “aplazamiento” para dar a conocer los resultados de las investigaciones demuestra falta de eficacia, aun cuando Andrade Martínez se comprometió, desde que asumió el cargo el pasado 3 de febrero, a concretar las primeras acciones que le fueron encomendadas, vinculadas con la declaración de posibles conflictos de interés. Es igual si los resultados de la investigación salen mañana, en octubre o en diciembre, porque ya sabemos qué van a decir: que no hubo conflicto de interés. Sería ingenuo esperar que el Secretario de la Función Pública le finque responsabilidad a su propio jefe, enfatizó Rojas Hernández. La mexiquense explicó que con la legislación actual es muy difícil comprobar el conflicto de intereses, por ello Acción Nacional promovió la creación del Sistema Nacional Anticorrupción así como una mejor regulación en esta materia en la legislación secundaria anticorrupción. Al respecto, puntualizó que aunque se le responsabilizara por conflicto de intereses, el fuero del presidente impide que se le aplique sanción alguna, por lo que, Rojas Hernández insistirá en la eliminación del fuero presidencial, a fin de que el Ejecutivo sí pueda ser sancionado por conductas y actos de corrupción y no solamente por traición a la patria. NADA La Cruzada contra el Hambre no ha funcionado, es un rotundo fracaso, ya que el programa no está encaminado a combatir la pobreza extrema, sino para fines político-electorales, afirmó el coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera Ávila. Argumentó que no obstante los elevados presupuestos otorgados a la Sedesol, que pasaron de 111 mil 211 millones de pesos, en 2014, a 114 mil 504 millones de pesos para 2015, el INEG reportó que los ingresos de los hogares mexicanos cayeron 3.5 por ciento y que el único sector de la población que registró un incremento en sus ingresos fue decil más bajo, el de los más pobres del país, con sólo 53 pesos mensuales a repartir entre 3.8 personas. Recordó que en la revisión de la Cuenta Pública de 2014 la Auditoría Superior de la Federación ya había detectado serias irregularidades en la operación de este programa de la Sedesol, al ejercer sólo el 37.1 por ciento del total de los recursos asignados. En el Congreso solo la bancada tricolor y sus aliados, afirman que los programas avanzas y que las reformas caminan, habrá que esperar que se demuestre como es que sucede una u otra cosa. Comentarios a uliseshj@hotmail.com @LEGISLATIVO_TV